Cuatro millones de españoles paran en la primera huelga general en 14 años mientras el coste de la vivienda se come el sueldo de una generación

Cuatro millones de trabajadores españoles pararon el miércoles en la primera huelga general del país en 14 años, paralizando fábricas, puertos y ferrocarriles en una protesta masiva contra una crisis de la vivienda que ha hecho inasequible un hogar para gran parte de una generación, a menos de tres semanas de unas elecciones generales anticipadas. El paro de 24 horas, convocado bajo el lema "Salarios. Vivienda. Precios.", contó con el respaldo de los dos mayores sindicatos de España, UGT y CCOO, y de las asociaciones de inquilinos, y convirtió el coste de la vivienda —un agravio que llevaba tiempo gestándose— en el tema definitorio de la campaña para el 29 de noviembre.

Las cifras explican la indignación. España tiene un déficit de unas 750.000 viviendas, que el banco central prevé que supere el millón en 2028, y los alquileres han subido un 22,9 por ciento en la última década, según el instituto nacional de estadística. El alquiler medio, de 1.176 euros al mes, equivale a alrededor del 98,7 por ciento del salario medio mensual de una persona joven, según el Consejo de la Juventud de España. "Tengo 36 años y todavía no puedo independizarme", dijo a CNN Jesus Gonzalez, trabajador de informática de un hospital de Madrid que apoyaba la huelga. "Los alquileres no paran de subir, los precios de las casas no paran de subir y es simplemente imposible." La chispa fue el desahucio, a finales de septiembre, de Maricarmen Abascal, de 87 años, del apartamento de Madrid en el que había vivido 70 años; su posterior fallecimiento la convirtió en símbolo de la crisis y dio paso a semanas de protestas.

El paro del miércoles se sintió en toda la economía. Los sindicatos informaron de una participación del 90 por ciento en los puertos y en el sector del automóvil, con paros totales en fábricas como la de Volkswagen en Navarra y la de SEAT en Barcelona. La demanda de electricidad cayó hasta un 15,5 por ciento a última hora de la mañana, según el operador de la red Red Eléctrica, y el metro de Madrid informó de que el uso en hora punta había bajado un 42 por ciento respecto al mismo periodo de la semana anterior. En Madrid, los manifestantes bloquearon la Gran Vía, la principal calle comercial de la capital, vitoreando mientras las tiendas bajaban las persianas y agitando juegos de llaves de casa sobre sus cabezas, mientras que en Barcelona el metro no circuló fuera de las horas punta. Dos fuertes tormentas, Charles y Bruna, obligaron a los sindicatos a suspender una manifestación en la ciudad portuaria de Cádiz, en el sur, pero las marchas vespertinas en Madrid y Barcelona reunieron aun así a decenas de miles de personas pese a la lluvia.

La jornada no estuvo exenta de enfrentamientos. La policía informó de más de 40 detenciones hasta el mediodía en 476 incidentes relacionados con la huelga, incluidos bloqueos de oficinas y polígonos industriales y quema de contenedores de basura, y los sindicatos anunciaron que presentarían una denuncia penal por lo que describieron como una respuesta policial desproporcionada, con gas lacrimógeno y porras, que dejó 20 manifestantes heridos. Las organizaciones empresariales calificaron la huelga de contraproducente: Angela de Miguel, vicepresidenta de la patronal CEOE, dijo a la televisión pública TVE que la solución era construir más viviendas y bajar los impuestos a la construcción y a la compra de vivienda, y argumentó que las pequeñas empresas sufrían la misma escasez. Con más personas trabajando desde casa y un mayor peso de los servicios en la economía, los analistas dijeron que la perturbación probablemente sería menos pronunciada que en huelgas generales anteriores.

La política de la huelga es tan afilada como su economía. El Gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez respaldó el movimiento —ningún ministro programó actos oficiales el miércoles— y Sánchez espera aprovechar el resentimiento de los votantes por la vivienda en las elecciones del 29 de noviembre para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a su círculo íntimo y de un mortal accidente de tren el mes pasado. Su Partido Socialista sigue por detrás en las encuestas. La huelga sigue al rechazo parlamentario, el mes pasado, de los decretos del Gobierno destinados a frenar los desahucios y limitar la presión sobre los alquileres, una derrota que llevó a Sánchez a convocar las elecciones anticipadas. En internet, el debate ha sido más agudo que en los piquetes: en un hilo en r/europe con más de 1.100 votos positivos, los comentaristas señalaron una brecha de oferta más profunda —la población de España crece unos 500.000 habitantes al año desde 2022 mientras solo se construyen unas 100.000 viviendas anuales— mientras que un hilo en r/worldnews cuestionaba el objetivo, con su comentario más votado preguntando por qué los trabajadores hacían huelga contra una oposición que no está en el poder.

El coste económico de la huelga probablemente será modesto —BBVA Research estimó que podría restar entre un 0,1 y un 0,2 por ciento del producto interior bruto anual de España— pero su coste político es una incógnita. Por lo demás, la economía española es fuerte: el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 2,5 por ciento en 2026, uno de los más altos entre las economías avanzadas, y el desempleo ha caído del 14,55 por ciento cuando Sánchez llegó al cargo en 2018 al 10,18 por ciento. Sin embargo, para muchos españoles esa prosperidad no se ha traducido en un hogar, y la huelga hizo visible ese fracaso en un solo día en todas las grandes ciudades. Si mueve votos se decidirá el 29 de noviembre; lo que ya ha hecho es obligar a todos los partidos de la campaña a responder la pregunta que los manifestantes coreaban en la Gran Vía: quién, en la España de hoy, puede permitirse realmente vivir allí.